Ivima y Ayuntamiento acuerdan destinar a emergencia social 45 pisos para mayores que están abandonados
Álex Castellano
La Junta de Gobierno local de Getafe ha aprobado este martes un convenio de colaboración con el IVIMA para destinar a personas en situación de emergencia social, especialmente desahucios, los 45 pisos tutelados para mayores de la avenida de las Ciudades que llevan abandonados desde que se construyeron hace cinco años.
El Gobierno municipal ha asegurado en un comunicado que han logrado desbloquear estas viviendas “que llevaban bloqueadas desde hace 11 años por el anterior Gobierno socialista, por lo que se da un paso en más en la labor de apoyo a las familias que más lo necesitan del municipio y, en especial, a las que se encuentran en situación de desahucio”.
“Desde la llegada al Gobierno, el alcalde Juan Soler ha mantenido reuniones con el IVIMA para solucionar la situación y con el nuevo convenio el uso de estas viviendas se adapta a la situación de crisis actual y por ello se destinarán al colectivo de personas en situación de emergencia social”, han apuntado
La adjudicación de estos pisos se realizará en aplicación de la Ordenanza Reguladora del Procedimiento de adjudicación de viviendas municipales para emergencia social y el alojamiento tendrá un carácter temporal que permita su rotación.
De forma general, la puesta a disposición de las viviendas conllevará un canon mensual del 30 por ciento de los ingresos mensuales familiares, incluyéndose en dicha cuantía los gastos de la comunidad de vecinos.
No obstante, los Servicios Sociales municipales podrán poner un canon inferior a dicho porcentaje, incluso la gratuidad de la vivienda, cuando las circunstancias socioeconómicas no permitan hacer frente a dicho pago sin menoscabo de las necesidades básicas de la familia.
PROBLEMAS DE PAGO
Este proyecto de pisos tutelados para mayores se inició en 2002 tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el IVIMA, aunque posteriormente ambas instituciones se acusaron mutuamente de haberlo incumplido y no se pusieron de acuerdo sobre el pago de la obra, lo que provocó retrasos para la puesta en marcha de las viviendas tras finalizarse su construcción en 2008.
La Comunidad de Madrid pidió al Ayuntamiento de Getafe, durante la etapa de gobierno de Pedro Castro, que abonase 2,6 millones de euros que adeudaban a la empresa constructora por el coste de cimentación de las obras más el precio de 147 plazas de garaje, de un total de 215, pero desde el Gobierno local se negaron a hacer efectivo el pago hasta que no se procediera a la descalificación de las plazas como equipamiento social.
El entonces gerente del IVIMA, José Antonio Martínez Páramo, que visitó los apartamentos en abril de 2010, afirmó que el edificio dispone de 215 plazas de garaje de las que 65 están vinculadas a los pisos tutelados por lo que el Consistorio tenía que abonar las 147 plazas restantes.
Martínez Páramo ya anunció en aquellas fechas que la empresa constructora había iniciado un procedimiento de demanda contra el Ayuntamiento para exigirle el pago de las cantidades adeudadas.
“Han provocado la quiebra de la constructora, ya que Fercaber nos ha hecho constar que esto ha sido lo que ha colmado el vaso, pues hay otras obras paralelas, ajenas al convenio, por valor de medio millón de euros que tampoco han pagado”, señaló entonces.
Este proyecto de apartamentos tutelados suponía un nuevo concepto de residencia de mayores, ya que también disponía de todos los servicios, y a cambio los mayores tenían más autonomía que en una residencia convencional.