El Ayuntamiento desalojará una vivienda municipal a través de una demanda de desahucio
Álex Castellano
La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado el desalojo de una vivienda municipal ocupada irregularmente mediante la oportuna demanda de desahucio ante los Juzgados de Getafe.
El informe emitido por la Sección de Patrimonio, con el visto bueno de la Asesoría Jurídica, y el de la letrada consistorial indican que procede ejercitar la acción judicial civil de desahucio contra un particular para conseguir por esta vía el desalojo de la vivienda.
Según el acta de la Junta de Gobierno, todo ello a través de una demanda de desahucio “ante el Juzgado de Primera Instancia de Getafe que por turno de reparto corresponda”.
El Ayuntamiento pretende destinar la vivienda a fines sociales, en una acción similar a la que llevó a cabo el pasado mes de enero con otras viviendas situadas en la calle Lártiga, aunque esto provocó movilizaciones de los colectivos antidesahucio y que finalmente se permitiera que tres familias pudieran permanecer en las casas hasta que fueran realojadas en otros pisos municipales.
En la actualidad, existen 42 viviendas de titularidad municipal, pero tan solo nueve de ellas están disponibles, ya que el resto están ocupadas de diferentes formas, algunas incluso de manera ilegal, según se ha puesto de manifiesto en la última sesión de la comisión municipal de desahucios celebrada el pasado 23 de mayo, en la que la portavoz del grupo municipal de UPyD, Esperanza Fernández, solicitó que “se agilicen los trámites para ocuparlas por las familias que tengan mayor necesidad”.
También se dio cuenta en la comisión de que hay 15 viviendas en tránsito cedidas por el IVIMA, destinadas a personas en dificultades, pero que están ocupadas pese al carácter temporal de la adjudicación porque la situación de sus ocupantes no ha mejorado en los últimos años.
Por último, se ha anunciado que de las 14 viviendas que se han adjudicado a Getafe a través del Fondo Social de Viviendas, ya se ha ocupado una y hay otra en la que se está tramitando la solicitud.
En este caso, los afectados deben acudir a la entidad bancaria, que pide un informe a los Servicios Sociales del Ayuntamiento para comprobar que el solicitante cumple los requisitos establecidos por el Gobierno.