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Ayuntamiento rechaza alquiler social para las familias que ocupan ilegalmente cuatro viviendas municipales

Álex Castellano


El Ayuntamiento de Getafe ha rechazado aplicar un alquiler social a las familias que ocupan ilegalmente cuatro viviendas municipales en la calle Lártiga tras la reunión mantenida este miércoles por la comisión municipal de desahucios donde se ha realizado una propuesta en este sentido para paralizar el desahucio.


El PSOE ha asegurado, después de reunirse la comisión, que se trata de cuatro familias de personas mayores con pocos recursos y con menores a su cargo que van a ser desalojadas de sus viviendas por el Ayuntamiento “cuando alguna de estas familias lleva tiempo con seguimiento por los Servicios Sociales municipales, habiendo incluso solicitado al IVIMA poder acceder a una vivienda sin que hayan obtenido respuesta alguna”.
“En la comisión de desahucios se le ha propuesto al Gobierno local que, en lugar de desalojarles, se les aplique un alquiler social pero este gobierno actúa como cualquier banco, reafirmando su decisión de desalojar a estas cuatro familias”, han agregado los socialistas.
Fuentes municipales explicaron la pasada semana a EPG que desde el Ayuntamiento se han seguido todos los pasos antes de decretar el desalojo, ya que se les ha solicitado documentación acreditada de que podían vivir allí “y en unos casos estaba mal y en otros ni siquiera la han enviado”. 
Asimismo, indicaron que se trata de viviendas situadas en la zona centro de la localidad, próximas al Ayuntamiento y al colegio Sagrado Corazón, que estaban destinadas para profesores de este centro. 
Según estas mismas fuentes, el Ayuntamiento conoce la situación de estas familias a través de los Servicios Sociales “y se intentará buscar una solución, pero al estar ocupando una vivienda de forma ilegal” se debe proceder al desalojo.
El Gobierno municipal aprobó en la junta del pasado 26 de diciembre el desalojo de las personas que ocupan las cuatro viviendas situadas en los números 1 y 5 de la calle Lártiga “al no tener título legítimo para ello”, según consta en el acta.
Además, desestimó las alegaciones presentadas por los ocupantes de las viviendas y les concedió un plazo de ocho días, contados desde la notificación del acuerdo, para que abandonen voluntariamente el inmueble, apercibiéndoles que de lo contrario proseguirá el expediente hasta el lanzamiento.




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