La Policía pide al juez que valore el quebranto del ‘caso Teatro Madrid’ a las arcas municipales
A principios de enero, el juez citó como investigados a dieciocho personas, entre ellas cuatro concejales del PP de Getafe, por un presunto delito de prevaricación por presuntas irregularidades en la adjudicación del proyecto del Teatro de la calle Madrid cuando era alcalde de Getafe, Juan Soler.
En el informe firmado por el jefe del grupo XXVI, al que ha tenido acceso Noticias para Municipios, la Policía considera oportuna que por parte de los órganos de fiscalización o supervisión de la contratación de la administración se proceda a informar sobre los hechos expuestos.
Entiende que con ello se quiere determinar “si únicamente se trata de una diferencia de criterios con la autora de los pliegos o realmente éstos se han elaborado con la intención de adjudicar el contrato a una determinada empresa”.
Respecto al contrato, subraya que el motivo del concurso de adjudicación no fue otro que “dar apariencia” de legalidad al proceso de selección del arquitecto que debía diseñar el edificio del teatro, ya que no era posible una adjudicación a dedo “motivada por el entonces alcalde Juan Soler”.
Asimismo, los investigadores recalcan que los proyectos que se presentaron fueron estudiados “en el gabinete de la Alcaldía sin la presencia de ningún técnico y sin que conste los criterios que se siguieron para su valoración”.
Por este caso, destapado por un vecino de Getafe, Roberto Benítez, están llamados este viernes a declarar en los Juzgados de Getafe cinco personas, entre los que se encuentran los concejales del PP Antonio José Mesa, Paz Álvarez y Pablo Martínez.
La Brigada Provincial de Policía Judicial ha remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe, que instruye el ‘caso Teatro Madrid’, un informe en el que le pide que valore el presunto quebranto producido por este asunto sobre las arcas municipales, así como su origen.
En el informe firmado por el jefe del grupo XXVI, al que ha tenido acceso Noticias para Municipios, la Policía considera oportuna que por parte de los órganos de fiscalización o supervisión de la contratación de la administración se proceda a informar sobre los hechos expuestos.
Respecto al contrato, subraya que el motivo del concurso de adjudicación no fue otro que “dar apariencia” de legalidad al proceso de selección del arquitecto que debía diseñar el edificio del teatro, ya que no era posible una adjudicación a dedo “motivada por el entonces alcalde Juan Soler”.
Asimismo, los investigadores recalcan que los proyectos que se presentaron fueron estudiados “en el gabinete de la Alcaldía sin la presencia de ningún técnico y sin que conste los criterios que se siguieron para su valoración”.