El seguro de responsabilidad de autoridades queda desierto

Declarado desierto el procedimiento para adjudicar un seguro de responsabilidad para autoridades y trabajadores

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Getafe ha declarado desierto el procedimiento para adjudicar la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad de autoridades y personal para garantizar el pago de las indemnizaciones por los perjuicios financieros ocasionados involuntariamente a la administración pública o a terceros, debido a actuaciones u omisiones basadas en actos negligentes cometidos por los asegurados en su condición de autoridad o funcionario del Consistorio.

Al concurso solo se había presentado la compañía AIG Europe Limited pero, según el acta, su proposición no contiene ningún porcentaje de baja respecto al precio de licitación. "Dicho error no puede ser subsanado a tenor de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, aunque se admitiese una hipotética posibilidad de subsanación, no podría producirse por desconocer cuál hubiese sido el importe de la oferta de no haberse producido el error".

Entre otros aspectos, con esta póliza quedaban cubiertas las reclamaciones derivadas de cualquier perjuicio que resulte de una investigación del Tribunal de Cuentas a un asegurado por una negligencia (Acción por responsabilidad contable), según se recoge en los pliegos de condiciones de licitación de la póliza aprobados por la Junta de Gobierno local hace dos meses.

También se cubrirían las reclamaciones presentadas por un tercero contra un asegurado por prácticas de empleo indebidas como acoso sexual o de otro tipo en el lugar de trabajo, privación incorrecta de oportunidades profesionales, evaluaciones incorrectas o negligentes, difamación, libelo, humillación o discriminación en el puesto de trabajo.

Además, la póliza haría frente a los gastos para restablecer la imagen del asegurado que se haya visto deteriorada como consecuencia de una reclamación cubierta por el seguro, pagando la contratación de una empresa de comunicación o consultora.

No obstante, quedaban excluidos los actos dolosos, fraudulentos o criminales establecidos por sentencia judicial o los daños y perjuicios relacionados con un hecho de la circulación, embarcaciones y aeronaves, así como el arresto, detención o encarcelación ilícitas.

La contratación de la póliza se licitó por 40.000 euros hasta 2018, prorrogable hasta un máximo de dos años y por períodos de un año, por mutuo acuerdo de las partes, que debería ser adoptado antes de la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de cuatro años.